DOS BANDERILLAS DESDE SAN JOSE

Las sentencias que a Fujimori lo pueden poner en un LAN de regreso a Lima.

(Hecho sobre la base de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos)

LOS HECHOS

LA CANTUTA

El 18 de julio de 1992, en horas de la madrugada, miembros del Ejército peruano y agentes del Grupo Colina , vestidos con pantalones oscuros y “chompas” negras de cuello alto, encapuchados y armados, ingresaron al campus universitario irrumpiendo en las residencias de profesores y estudiantes.

Una vez en las residencias estudiantiles, los militares violentaron las puertas de las habitaciones y obligaron a todos los estudiantes a salir de sus dormitorios y a echarse al piso boca abajo mientras uno de los efectivos militares, a quien los estudiantes identificaron como el Teniente Medina, evitando ser visto, procedía a levantar violentamente la cabeza de cada uno de los estudiantes apartando a aquellos cuyos nombres figuraban en una lista que llevaba en las manos. Los militares se llevaron a los estudiantes Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas y Juan Gabriel Mariños Figueroa. Al mismo tiempo, fue detenido el profesor Hugo Muñoz.

Supuestamente, los detenidos tenían relación con el atentado de la calle Tarata, producido 2 días antes. Sin embargo, nunca se demostró su relación con dicho hecho luctuoso, ni si tenían relación con Sendero Luminoso. Todo indica que tanto los estudiantes como el profesor pertenecían a sectores de izquierda radical.

Como luego se supo, los estudiantes y el profesor fueron ejecutados extrajudicialmente y enterrados en dos sitios distintos, luego que sus restos fueran calcinados en el Pentagonito.

El caso alcanzó relevancia por las denuncias de los congresistas Henry Pease y Roger Cáceres Velásquez y por las investigaciones hechas por las revistas Sí y Caretas. A ello se sumó el testimonio del General EP Rodolfo Robles, que sacrificó su carrera por denunciar la implicación de Vladimiro Montesinos y Nicolás Hermoza en estos hechos.

Posteriormente, el caso fue sentenciado por el Fuero Militar en 1994, cuando no le correspondía, para que, un año después, los responsables del crímen fueran liberados por los efectos de la Ley de Amnistía, ley cuyos efectos han quedado suspendidos, de acuerdo a lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2001.

LA SEGUNDA MATANZA DE LOS PENALES: CASTRO CASTRO

El Estado, carente de políticas y estrategias penitenciarias, improvisó un sistema único de concentración de reclusos, sin implementar regímenes adecuados a estos nuevos internos. De este modo, la relación entre el Estado y los acusados y sentenciados por terrorismo durante la década de los ochenta fue extremadamente tensa. En este contexto se presentaron una serie de motines durante las décadas de 1980 y 1990.

En este contexto, entre el 6 y 9 de mayo de 1992, luego del golpe de Estado de Alberto Fujimori, se desarrolló el denominado operativo “Mudanza 1”, destinado al traslado de presas senderistas de la prisión conocida como “Miguel Castro Castro” al establecimiento penal de mujeres de Chorrillos (“Santa Mónica”).

Las autoridades estatales no informaron del referido traslado ni al Director del penal, ni a las prisioneras, sus familiares o abogados. Asimismo, el operativo fue planificado por el Estado sin advertir al personal policial sobre el respeto irrestricto por la vida y la integridad física de los internos.

Por esa razón, el descontrol territorial de los pabellones, la ausencia de una estrategia y táctica disuasiva, así como la prolongada resistencia de los internos acusados por delito de terrorismo, determinó que las fuerzas del orden, ilegalmente, usaran armas de guerra, explosivos, bombas lacrimógenas, vomitivas y paralizantes en contra de civiles, desde el inicio de la operación.

El Estado, asimismo, no recurrió a mecanismos alternativos tendientes a lograr una solución negociada del conflicto con la población del penal y se rechazó expresamente la intervención de la Cruz Roja Internacional, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Episcopal de Acción Social y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, cuyos representantes ofrecieron mediar en el conflicto.

De acuerdo a las investigaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el objetivo real del “operativo” no fue el referido traslado de las internas, sino que se trató de un ataque premeditado, un operativo diseñado para atentar contra la vida y la integridad de los prisioneros que se encontraban en los pabellones 1A y 4B del Penal Miguel Castro Castro. Los actos de violencia fueron dirigidos contra dichos pabellones, ocupados en el momento de los hechos por internos acusados o sentenciados por delitos de terrorismo y traición a la patria.

Según artículos periodísticos publicados los días 7 y 8 de mayo de 1992, al finalizar el día 6 de mayo de 1992 el entonces Presidente de la República, Alberto Fujimori, se reunió en las instalaciones de la Comandancia General del Ejército, conocida como “Pentagonito”, con el Consejo de Ministros y autoridades policiales y militares, para evaluar la situación del penal.

El 7 de mayo, Fujimori se reunió nuevamente con el Consejo de Ministros y autoridades policiales y militares en el “Pentagonito” para evaluar la situación del penal. En esas fuentes se señaló que entre otras acciones inmediatas se prohibió la presencia en las cercanías del penal de los organismos de derechos humanos, se dispuso el corte de luz, agua y alimentos para los internos, así como el incremento de los ataques con armas de fuego y explosivos.

El 9 de mayo, 42 internos del Establecimiento Penal de Máxima Seguridad “Miguel Castro-Castro” ubicado en San Juan de Lurigancho, al este de la ciudad de Lima, fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado.

El 10 de mayo se levantó un acta del material incautado en el penal por el personal especializado de la Policía Nacional, en la cual constan 10 armas (2 subametralladoras, 4 revólveres, 1 escopeta y 3 pistolas), 11 granadas y 24 artefactos explosivos caseros “queso ruso”. Dicha acta fue firmada por la fiscal Mirtha Campos.

Una vez que salieron de los pabellones la mayoría de los internos sobrevivientes fueron obligados a permanecer en las zonas del penal denominadas “tierra de nadie” y “admisión”, tendidos boca abajo sobre la tierra, en posición de cúbito ventral, sin abrigo, a la intemperie, permitiéndoseles levantarse únicamente para ir a orinar, y fueron objeto de constantes golpes y agresiones. Quienes estuvieron en estas condiciones durante varios días, recibieron como único alimento pan y agua de manera irregular por las mañanas y una sopa aguada, y fueron vigilados por agentes de seguridad armados y con perros, y si alguien se movía o se quejaba dichos agentes se paraban sobre el cuerpo del sobreviviente y lo insultaban.

Fujimori estuvo presente en el penal y caminó entre los prisioneros tendidos boca abajo en el suelo de los patios del presidio.

LAS CUESTIONES RELEVANTES EN TÉRMINOS JURIDICOS


LA CANTUTA

La particular gravedad de los hechos se revela en la existencia de toda una estructura de poder organizado y de procedimientos codificados mediante los cuales operaba la práctica de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Estos no constituían hechos aislados o esporádicos, sino que llegaron a configurar un patrón de conducta durante la época en que ocurrieron los hechos, como método de eliminación de miembros o sospechosos de pertenecer a organizaciones subversivas, empleada en forma sistemática y generalizada por agentes estatales, la mayoría de las veces por miembros de las Fuerzas Armadas.

Por su determinante papel en este caso, es preciso hacer notar la participación del denominado Grupo Colina, que en el seno de las fuerzas armadas hacía parte preponderante de una política gubernamental consistente en la identificación, el control y la eliminación de aquellas personas de quienes se sospechaba pertenecían a los grupos insurgentes, mediante acciones sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales indiscriminadas, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y torturas. El grupo fue organizado directamente dentro de la estructura jerárquica del Ejército peruano y sus actividades y operaciones fueron desarrolladas, según diferentes fuentes, con conocimiento de la Presidencia de la República y del Comando del Ejército.

Recordemos que a partir del golpe de Estado del 5 de abril de 1992 se estableció un régimen de facto que suspendió la institucionalidad democrática del país a través de la abierta intervención en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, en el Ministerio Público y en otros órganos constitucionales. Se gobernó por decreto a través del denominado «Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional», que concentró durante un breve lapso las funciones ejecutivas y legislativas del Estado, neutralizando en la práctica el control político y judicial sobre sus actos. A la luz de las más recientes investigaciones judiciales, se puede concluir, además, que durante ese tiempo se hizo uso de los recursos del Estado con la finalidad de organizar, adiestrar y emplear grupos operativos encubiertos que tuvieron como finalidad el asesinato, la desaparición y la tortura de personas, todo ello alrededor de la estructura del Servicio de Inteligencia Nacional.

El Estado debe realizar inmediatamente las debidas diligencias para completar eficazmente y llevar a término, en un plazo razonable, las investigaciones abiertas y los procesos penales incoados en la jurisdicción penal común, así como activar, en su caso, los que sean necesarios, para determinar las correspondientes responsabilidades penales de todos los autores de los hechos cometidos en perjuicio de Hugo Muñoz Sánchez, Dora Oyague Fierro, Marcelino Rosales Cárdenas, Bertila Lozano Torres, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Juan Gabriel Mariños Figueroa y Felipe Flores Chipana. Con el propósito de juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas, el Estado debe continuar adoptando todas las medidas necesarias, de carácter judicial y diplomático, y proseguir impulsando las solicitudes de extradición que correspondan.

CASTRO CASTRO

En el presente caso es claro que los actos estatales del llamado “Operativo Mudanza 1”, que duró cuatro días, fueron ampliamente difundidos en la sociedad peruana, fueron tratados por los medios de comunicación y públicamente por las autoridades estatales como acciones estatales tendientes a controlar un amotinamiento de reclusos considerados como miembros de grupos subversivos, así como también significaron una exposición pública acerca de la magnitud de fuerza que el Estado era capaz de utilizar en la lucha antisubversiva.

Los hechos, realizados de forma directa por agentes estatales cuya actuación se encontraba protegida por su autoridad, se dirigieron contra personas recluidas en un centro penal estatal, es decir, personas respecto de quienes el Estado tenía la responsabilidad de adoptar medidas de seguridad y protección especiales, en su condición de garante directo de sus derechos, puesto que aquellas se encontraban bajo su custodia.

El Estado debe, en un plazo razonable, investigar efectivamente los hechos denunciados en el presente caso, identificar y, en su caso, sancionar a los responsables, para lo cual debe abrir los procesos pertinentes y conducir eficazmente los procesos penales que se encuentran en trámite así como los que se llegaren a abrir, adoptar todas las medidas necesarias que permitan el esclarecimiento de todos los hechos del presente caso, con el propósito de determinar la responsabilidad intelectual y material de quienes participaron en dichas violaciones, y divulgar públicamente los resultados de estos procesos penales.

En el voto razonado del juez Antonio Cancado Trindade se dice que:

El bombardeo de la Prisión de Castro Castro fue una masacre premeditada, planificada y ejecutada por agentes del Estado, desde la más alta jerarquía del poder estatal hasta los integrantes de las fuerzas de seguridad. Fue, como ya señalado, un crimen de Estado. Una vez más esta Corte decidió, mediante la presente Sentencia, sobre un crimen de Estado, cuya ocurrencia se muestra mucho más frecuente de lo que uno puede imaginar. Los crímenes de Estado que han alcanzado la justicia internacional son un microcosmo de las atrocidades del cotidiano, en distintos continentes, que todavía no han logrado ser alzadas al conocimiento de los tribunales internacionales contemporáneos.

Ahora comprendemos porque en Santiago tiemblan por estos dos fallos.

MAS SOBRE EL TEMA:
César Hildebrandt: Sangre de terceros.
Perú.21: Presentarán fallo de la CIDH en caso de extradición de Fujimori.
Santiago Pedraglio: Más argumentos para la extradición.

3 thoughts on “DOS BANDERILLAS DESDE SAN JOSE

  1. en el informe de la cvr dan cuenta como, durante el pandemonio que el “traslado” de presos, se decidió sobre la vida de varios dirigentes senderistas, entre ellos la de osmán morote.más allá de la condena a sendero, la vida humana no es algo que se pueda dar y tomar a diestra y siniestra. lo de los penales el 92 fue masacre, y ordenada por el propio fujimori.

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  2. Estás completamente equivocado: el fallo de la CIDH solo compete al Estado peruano, es decir, es genérico. En cambio, la justicia chilena sí debe pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia de Fujimori, basándose en los expedientes enviados desde Lima. Y como todos saben, esos cuadernillos solo contienen dichos, conjeturas, chismes (“que me dijeron”, “que escuché”).Por tanto, lo más probable es que Fujimori salga bien librado de todo esto. Paciencia y buen ánimo 🙂

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  3. REPUGNANCIA Y ASCO ME PRODUCE EL FALLO DE LA CIDH, LO QUE SIMPLEMENTE SE NECESITA ES UNA RESESTRUCTURACION Y REINGENIERIA DE LA CIDH, PARA SACAR A CUANTO JUEZ CAVIAR CORRUPTO, DEFENSOR DE TERRORISTAS QUE EXISTA POR AHI.

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