ALARMA ANTICORRUPCION

En medio de los dimes y diretes en UPP y el mundial de fútbol dos hechos importantes han pasado desapercibidos y causan alarma en la lucha contra la corrupción.

El primero es la denuncia que en varios medios de comunicación han hecho los Procuradores Adjuntos Anticorrupción sobre la falta de fondos del cual adolece el principal órgano de defensa de los intereses del Estado en este tipo de casos. Si bien el Ministerio de Justicia sacó un comunicado el miércoles último sobre este tema, no negó la realidad: el Ministerio de Economía y Finanzas no otorga hasta el momento las partidas necesarias para el pago de servicios elementales como el teléfono o los sueldos de procuradores y abogados. Algo comienza a oler mal.

Y el olor malo no deja de percibirse luego de que Alejandro Toledo le otorgara derecho de gracia a Alfredo Jaililie, ex Viceministro de Hacienda y ex presidente de la aseguradora estatal Popular y Porvenir.

Si bien es potestad del presidente poder ejercer este derecho, sorprende que haya sido dado a uno de los integrantes de la red de corrupción más importante de la historia peruana. Para el procurador Antonio Maldonado esta medida “contradice el compromiso del gobierno de luchar contra la corrupción, es un precedente negativo que debilita la institucionalidad democrática y alienta la impunidad”.

Aunque ha trascendido que dicho derecho de gracia fue otorgado por razones humanitarias (el ex vice ministro padecería de cancer avanzado), coincidimos con el editorial del diario El Comercio que señala que “la utilización del derecho de gracia es un recurso que solo debe aplicarse en circunstancias especiales”.

Con todo, el sabor que nos deja todo esto es el de un abandono en la lucha anticorrupción y, en particular, en las sanciones sobre los delitos económicos y financieros cometidos durante la década de los noventa.

A continuación los dejamos con una pequeña lista de personas que no deben escapar a la acción de la justicia, en los llamados “delitos de cuello y corbata”:

Dionisio Romero Seminario: El hombre que maneja el mayor grupo económico del país fue a la conocida “salita del SIN” para negociar la presencia de hombres suyos en la junta de acreedores en la empresa pesquera Hayduk, la cual tenía a sus principales socios involucrados en un tema de narcotráfico. Romero comentó en su momento que fue a tratar con Vladimiro Montesinos temas de su “interés de bolsillo”.
Roberto Abusada: Estuvo involucrado en la cuestionada privatización de Aero Perú, donde se vendió esta compañía a la mitad de precio de mercado, en colusión con la empresa que la compró (Aero México) la cual también estuvo involucrada en un caso de corrupción en su país. Abusada era asesor del entonces Ministro de Economía Jorge Camet y, posteriormente a la privatización, fue Presidente del Directorio de la privatizada aerolínea peruana, que finalmente llegó a la insolvencia.
Arturo Woodman: El ex candidato a la vice presidencia por Unidad Nacional estuvo involucrado en la irregular privatización del puerto de Matarani. Woodman fue presidente del Comité Especial de Privatización (CEPRI) de dicho puerto, del cual se hizo acreedor una empresa vinculada al Grupo Romero, de la que Woodman es parte. Se pagó una suma irrisoria (9 millones de dólares por un puerto que vale 70 millones).
Jorge Camet: Ministro de Economía, encubridor y co partícipe de las operaciones ilícitas alrededor de su despacho. Propietario de la constructora JJC Contratistas Generales, la cual era una mediana empresa, durante su periodo de Ministro ganaba buena parte de licitaciones y construcción. En ese momento, el MEF era el ente encargado decidir en materia de obras públicas. Según las investigaciones de las Comisiones del Congreso, JJC y otras 6 empresas, conocidas como “las Siete Hermanas”, se adjudicaron el 66% de las licitaciones, llegándose a establecer una repartición de contratos, los cuales eran ejecutados finalmente por subcontratistas. Para que la operación fuera “transparente”, Camet cedió el control de la empresa a sus hijos, los hermanos Camet Piccone y a su sobrino, Portaro Camet.
Francisco Moreyra García – Sayán: Socio principal de uno de los diez estudios de abogados más importantes de Lima, estuvo involucrado en una de las operaciones de compra de deuda cuya irregularidad fue detectada, por el acceso a información privilegiada con la que se contaba. Moreyra formó en su estudio de abogados el Perú Privatization Fund (PPF), que tenía entre sus integrantes al Banco de Crédito del Perú, al cual Moreyra asesoraba. Formaban también PPF empresas formadas en Gran Caymán e Islas Vírgenes Británicas, de las que Moreyra era director. Al mismo tiempo, el abogado fungía de asesor del MEF durante la gestión de Camet. PPF fue el principal comprador de papeles de la deuda peruana, la cual vendió a su vez al Estado peruano, una vez que dichos papeles se revalorizaran por el cumplimiento de los compromisos internacionales. A través de Moreyra se sabía cuando comprar y cuando vender.
Familias Wiese y Picasso: Propietarias del Banco Wiese Sudameris y del Banco Latino, respectivamente, entidades que se encontraban en problemas, por diversos motivos. El Wiese fue rescatado a través de la transferencia de la cartera pesada de activos y un aval del Estado por 300 millones de dólares. Al Latino se le inyectaron recursos, luego se le adquirió para finalmente venderse al Interbank. La operación hubiera comprometido más patrimonio del Estado, de no ser porque Scotiabank adquirió recientemente el Wiese, haciendo renuncia expresa del cobro del aval estatal. De los cerca de mil millones de dólares empleados en la operación, solo se recuperaron 55 millones.
Augusto Miyagusku: Fue miembro del directorio y luego Presidente de la compañía aseguradora estatal Popular y Porvenir hasta 1996, en la que se realizaron operaciones dolosas como contratación de empresas vinculadas a los directores, alquiler y venta de propiedades a precios subvaluados, pólizas de seguros sobrevaluadas a aeronaves del Estado, así como el pago del seguro a Víctor Joy Way, adquirido después (no antes) de que su casa sufriera un atentado.

5 thoughts on “ALARMA ANTICORRUPCION

  1. BUENO A LA HORA DE CRITICAR A LOS EMPRESARIOS NACIONALES, TAMBIEN HABRA QUE VER LA PAJA EN EL OJO AJENO, ES DECIR QUIEN FISCALIZA A LOS FISCALIZADORES??? , QUIEN MORALIZA A LOS MORALIZADORES???, SIENDO EL CASO EN CONCRETO DE LAS DIFERENTES ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES, MAS CONOCIDOS COMO ONG’S DE CORTE IZQUIERDISTA “DEMOCRATICO”, MAS CONOCIDAS EN EL ARGOT POPULAR, COMO ONG’S DE CORTE CAVIAR, QUIEN VIGILA CUANTO ES LO QUE PERCIBEN ANUALMENTE DE OTRAS ONG’S SOBRE TODO ONG’S NORTEAMERICANAS, ES DECIR PROVENIENTES DE LAS TIERRAS DEL SAM, ESTADO FEDERAL AL QUE ELLAS TANTO CRITICAN (U.S.A), HABRA QUE REVISAR Y VERIFICAR PUES, SI EL MONTO QUE ELLAS PERCIBEN TANTO MENSUAL COMO ANUALMENTE, VA DIRECTAMENTE A LAS OBRAS DE PROYECCION SOCIAL, O A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE ELLAS TANTO PROPUGNAN, BUENO PUES HABRA QUE ESPERAR PARA VER QUIEN ES EL VALIENTE QUE SE ATREVA A PONERLE EL CASCABEL AL GATO.ATTE.WALTER VILLEGAS

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  2. NO HAYU POR QUE TENERLE TANTO MIEDO AL EMPRESARIADO PERUANO, MI QUERIDO AMIGO, ADEMAS COMO TE DIJE ANTERIORMENTE, PRIMERO HABRA QUE VER LA PAJA EN TU OJO, ANTES QUE EN LA DEL OJO AJENO, Y ADEMAS QUIEN SE ATREVERA A PONERLE UN ESTATE QUIETO A LAS ONG’S DE CORTE IZQUIERDISTA “DEMOCRATICO”, O MEJOR DIJO QUIEN SE ATREVERA A PONERLE EL CASACABEL AL GATO DE LAS ONG’S.

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  3. Para tu conocimiento y el de los otros lectores del blog, hay 2 mecanismos de fiscalización a los que se someten las ONG’s. El primero es a los propios donantes. Cada agencia de cooperación exige rendición de cuentas de cada proyecto cada cierto tiempo y, además, resultados concretos del mismo. Se tienen reuniones de coordinación con los representantes de las agencias y se les informa periodícamente sobre los avances del proyecto. Al final del mismo, las agencias de cooperación practican una auditoria sobre gastos y resultados del proyecto. El segundo control proviene desde el Estado. Se llama Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), institución adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores que también se encarga de hacer esta revisión. Oscar Schiappa Pietra y su equipo hacen un buen trabajo en este sentido y varias ong’s que han incumplido los requisitos solicitados han sido retiradas del Registro de ONG’s que maneja la APCI. Es decir, sí hay mecanismos de control a estas instituciones, tanto de los cooperantes como del propio Estado. Y creeme, funcionan bastante bien. Por lo demás, no todas las ong’s son “de izquierda” o “caviares”. Muchos de quienes trabajan allíson liberales absolutamente convencidos de las bondades del libre mercado. Por lo demás, Walter, tu concepto de “izquierda” responde a una óptica de mitad del siglo XX. Salvo la gente de Patria Roja, nadie detesta a Estados Unidos. Y si pudieras leer revistas como “The Economist” o periodicos como “The Washington Post” te podrás dar cuenta que no son precisamente rojos quienes critican a las políticas del gobierno de los Estados Unidos. Por último, empresarios peruanos buenos hay: los Añaños, los Wong, el mismo Gastón Acurio. A quienes critico son aquellos que hablan de libre mercado y utilizan ventajas mercantilistas para poder subsistir o tomar ventajas. Eso es corrupción. Lee “El Otro Sendero” de Hernando de Soto, tiene una buena explicación sobre mercantilismo.Y a quienes quieren ver más sobre el tema, revisen los informes de las Comisiones Investigadoras del Congreso sobre delitos económicos y financieros, así como los libros de Francisco Durand sobre el empresariado peruano.

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  4. Oscar Schiappa-Pietra no ha sido ratificado por el régimen del APRA en su cargo de Director Ejecutivo de la APCI, no obstante la magnífica pero icomprendida labor que realizó para promover la transparencia y probidad entre la gestión de las ONGs. Schiappa-Pietra se vió envuelto en el fuego cruzado de la resistencia al cambio por parte de las ONG y de el macartismo de la derecha. Ahora tiene que enfrentar sólo un juicio entablado por una “prominente” ONG / empresa que se cosidera “ofendida” por el afán moralizador de Schiappa-Pietra. ¡Así queremos que hayan funcionarios públicos esmerados y competentes!Roberto Argandoña

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