NO HAN APRENDIDO NADA

Para los políticos, empresarios y militares peruanos, los derechos humanos siguen siendo una cojudez.

Hace unos pocos días, lamentábamos la inclusión en la plancha del Partido Aprista Peruano del almirante Luis Giampietri, procesado por su participación en la Matanza del Frontón en 1986 (durante el gobierno de Alan García) y uno de los principales de la campaña de “satanización” contra la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Hoy debemos lamentar que el grueso de la clase política, empresarial y militar no hayan aprendido las lecciones de la década pasada.

En las últimas horas, el congresista Luis Iberico, candidato a la segunda vicepresidencia de la República por el FIM, ha señalado que varios oficiales de las Fuerzas Aramdas y la Policía Nacional vienen siendo “injustamente procesados” en el Poder Judicial, por haber combatido al terrorismo y devuelto el orden al país. Ha indicado, además, que la apertura de procesos penales le ha restado ganas a las Fuerzas Armadas de combatir a la subversión.

Como “solución” a este problema, Iberico señala que para que las Fuerzas Armadas y Policiales, quienes deben combatir ahora a las columnas senderistas que aun quedan, vuelvan a tener capacidad de combate, es necesario plantear una Ley de Amnistía en favor de militares y policías que sean “indebidamente procesados”, nombrando para ello una Comisión especial que evalúe cada caso.

Esta posición ha sido rápidamente respaldada por Arturo Woodman, candidato a la primera vicepresidencia por Unidad Nacional. Woodman ha sido – junto a buena parte del empresariado, comunicado de la CONFIEP incluido – un detractor de la CVR en lo que se refiere a su evaluación sobre el rol cumplido por las Fuerzas Armadas. Los empresarios siguen tomando en cuenta como visión del orden las bayonetas y evitar cualquier protesta social, o que cualquier foco de rebelión solo puede ser combatido a sangre y fuego.

Pero Woodman no es el único personaje de Unidad Nacional a favor de la medida. También Luis Castañeda, alcalde de Lima, ha hecho suya esta propuesta. Castañeda fue un detractor del Informe Final apenas salió, sin siquiera leerlo. Si sumamos a Rafael Rey, detractor y denostador de todo lo que sea derechos humanos (admirador confeso del almirante Emilio Massera, uno de los ejecutores de desapariciones durante la dictadura militar argentina 76-83), toda Unidad Nacional está alineada en este tema. ¿Qué dirán Lourdes Flores y Antero Flores – Araoz, quienes votaron en contra de la ley de amnistía de 1995?

En congruencia con su candidato a la vicepresidencia, el congresista aprista Luis González Posada (para mayores señas, cuñado de Juan Velasco Alvarado), ha señalado que el APRA apoyaría esta iniciativa, pues, en su opinión la amnistía sería una solución política que “corregiría una injusticia con los militares que lucharon contra el fenómeno terrorista”. ¿Alan García habrá dado su venia? Muy probablemente, si consideramos la plancha presidencial que tiene y las denuncias por violaciones a los derechos humanos que aun carga como pasivo.

Iberico ha soltado esta propuesta con el amen de su líder Fernando Olivera, quien ha señalado que esta propuesta debe someterse al Consejo de Estado, entidad que agrupa a los tres poderes estatales y a los principales organismos constitucionalmente autónomos.

Paniagua, fiel a su costumbre, no ha dicho nada. Pero esta vez su silencio no responde a una táctica electoral, sino a su fastidio frente a como la CVR dejó mal parado al gobierno de Acción Popular. Del Presidente de la transición solo queda el renombre, pues los votos los sigue perdiendo día a día.

Humala tampoco ha dicho nada. Pero su opinión ya la adelantó en el programa “Dos Dedos de Frente”, donde mencionó que se estaba “persiguiendo” a las Fuerzas Armadas de manera indebida.

Como vemos, un frente amplio que abarca, con declaraciones y silencios, a varios personajes importantes de la política peruana, del empresariado y que refleja el sentir de los cuarteles.

Sin embargo, por más que exista cierto consenso entre ellos, debemos decirles que incurren en un grave error.

Se olvidan que las leyes de amnistía consagran la impunidad, pues evitan que aquellas personas que cometieron crímenes de lesa humanidad puedan ser procesadas. Vulneran los tratados internacionales sobre derechos humanos, en particular, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tal como lo ha declarado la Corte Interamericana en su sentencia sobre el caso “Barrios Altos”. Así pues, de adoptarse la amnistía, esta no tendría efectos prácticos, ya que una corte internacional podría declararla sin efectos, tal como se hizo antes.

Por otro lado, el dolor de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos es ignorado de la manera más triste por quienes dicen ser la clase dirigente del país. Los mismos problemas que detectó la CVR – la exclusión, la falta de oportunidades, el racismo, la discriminación y el abandono de la sierra y selva peruanas – se ponen de manifiesto con propuestas como estas, que dejan de lado la necesidad de justicia que tiene la población. A lo largo de este año, desde este pequeño espacio, hemos tratado de sensibilizar a los lectores de esta columna sobre este tema. No sé si habré cumplido el objetivo. Lo que es cierto es que los poderes políticos y económicos no les importa el tema, espero que por lo menos alguno de mis lectores pueda haberse sensibilizado y comprendido que el habitante del ande, de la amazonía, del asentamiento humano es tan peruano como aquel que vacaciona en Asia, que compra libros en el Jockey Plaza, que tiene la suerte de estudiar en una universidad como la Católica o la de Lima.

La propuesta de Iberico tiene, además un error puntual: ¿Cómo identificar a quienes son “injustamente procesados” ¿Qué criterios se utilizarían para determinar cuando un caso puede judicializarse o cuando no? Creemos que esta es una tarea que compete estrictamente a la justicia, es decir, al Ministerio Público y al Poder Judicial, por lo que creemos que deben seguir adelante los procesos. Dicho sea de paso, en los procesos penales contra los militares que habrían violado los derechos humanos no se han vulnerado las garantías del debido proceso. Es más, avanzan a un rítmo bastante lento.

Como lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, la CVR reconoció el heroísmo y el sacrificio de miles de sus hombres en la lucha antisubversiva, brindó homenaje a las víctimas integrantes de los institutos armados, indicó que fue la labor de inteligencia y la acción coordinada con la población (en especial, con las rondas urbanas y campesinas) la que permitió los grandes avances en la lucha antiterrorista. Pero también señaló que hubo oficiales violadores de los derechos humanos, que deben ser sometidos a juicio por los crímenes cometidos, pues la impunidad no servirá de nada ni para la democracia, ni para las víctimas que reclaman justicia en cada uno de sus casos. De manera tal que la moral de las FFAA y la Policía no se verá afectada. Todo lo contrario: allí estarán sus victorias, sus aciertos y también sus errores, de manera tal que la historia les dará las lecciones necesarias para ello.

No se puede poner como excusa para la amnistía lo que a todos luces es un chantaje: combato la subversión, a cambio de impunidad. De darse una norma como esta no solo el Congreso se desprestigiaría, sino también el propio sistema democrático, que llegaría a transar con aquellos que vulneraron los derechos humanos de la población cuyos derechos tiene el Estado la obligación de proteger.

Es hora de movilizarnos para parar esta iniciativa. Es cierto, son fechas de fin de año, en las que todos estamos en otra cosa y pensando en como armar la gran juerga para recibir el año. Yo también lo haré. Pero creo que los peruanos de buena voluntad no podremos dormir tranquilos si no detenemos el error que podría cometerse. Apelamos también a aquellos congresistas decentes que aun quedan en el edificio de la Plaza Bolivar, pero sobre todo, a aquellos que llamaron a la dictadura, dictadura, al crímen, crímen, a quienes no tranzaron con Sendero, a quienes luchan todos los días por hacer de este país un lugar mejor.

Por un país sin impunidad, en verdad, justicia y reconciliación.

Esperando un mejor año (y un voto reflexivo el 9 de abril), volvemos el próximo año.

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