UN DEBATE SOBRE LA POLICIA

En las últimas semanas, el tema de la seguridad ciudadana ha cobrado actualidad, gracias a la presentación del gabinete PPK ante el Congreso, a iniciativas (la mayor parte de ellas disparatadas) parlamentarias para poner “mano dura” ante la ola delincuencial y ante la amenaza de una huelga policial. Todo ello nos pone ante el debate sobre que hacer con la Policía Nacional.

Para nadie es un secreto que los miembros de la Policía no la pasan bien: no ganan los sueldos que deberían ganar, tienen un servicio de sanidad deficiente, existe corrupción en la entrega de medicamentos y gasolina, su fondo de pensiones está en suspenso ante los robos sistemáticos que la banda de Vladimiro perpetró durante los años de la dictadura y su fondo de vivienda tiene mucho que envidiarle al exitoso “Techo Propio”.

También es cierto que la Policía necesita reformarse, pues no cumple con el objetivo de proteger a la ciudadanía de la delincuencia y cuenta con la imagen de ser una institución inoperante y corrupta.

Es en el marco de esta reforma policial, que tuvo algunos avances al inicio de este gobierno (en las gestiones de los ministros Rospigliosi y Costa), que debe pensarse en una mejora de las condiciones de vida y trabajo de los Policías. Nosotros somos partidarios de un incremento de sueldos dentro de la medida que la caja fiscal lo permita, pero creemos que, junto con el aumento, debe existir un compromiso político de las fuerzas que competirán en el próximo proceso electoral de emprender una reforma a profundidad en la Policía y, en general, en todo el Sector Interior.

No se requiere necesariamente de más recursos (que buena falta hacen). En principio, se tienen que emplear de mejor manera con los que ya se cuentan y proyectar una imagen (sustentada en la realidad, por cierto) de que la Policía si tiene una vocación de servicio y que está dispuesta a moralizar.

En el campo específico de la seguridad ciudadana, hay que entender el fenímeno delincuencial como un problema estructural. No solo basta con incrementar las penas, las cuales ya son altas, sino de aplicarlas, para lo cual deben actuar tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial. La colaboración con los gobiernos locales y regionales y la comunicación y confianza con los vecinos serán claves para elaborar planes para cada zona de las ciudades del país. Finalmente, las estadísticas nos reflejan que la delincuencia es un fenómeno cuyas mayores víctimas y victomarios son jóvenes, por lo que padres, educadores, municipios y ministerios deberán abocarse a generar espacios donde los jóvenes puedan expresarse y ser útiles a la sociedad. Quizás con una política sobre la materia el CONAJU pueda justificar en algo su existencia.

Requerimos salidas integrales y reformas, no solo parches ni promesas.

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