PARA QUE NO SE REPITA (III)

Principales conclusiones del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Tercera Parte)

SOBRE SECTORES DE LA SOCIEDAD PERUANA

Sindicatos y empresarios fueron blancos de las acciones terroristas. El PCP-SL y el MRTA intentaron utilizar a los sindicatos con fines violentos. Tanto sindicatos como gremios empresariales tuvieron prácticas anti democráticas que cuestionaron su legitimidad y representatividad. Frente a ellos, el Estado fue un ineficiente árbitro de los conflictos laborales.

Los intentos de modernización de la educación en las décadas de 1960 y 1970 fracasaron. Asimismo, no neutralizaron las corrientes pedagógicas autoritarias ni impidieron el uso de la confrontación y el discurso radical para la enseñanza. El PCP-SL buscó instrumentalizar las instituciones educativas, aprovechando su debilidad, basado en el clientelismo y la movilización de los sentimientos de discriminación y desarraigo de los estudiantes provincianos. El Estado es responsable por el descuido de la educación pública, el deterioro de la infraestructura y, en algunos casos, en una estrategia de detenciones y desapariciones forzadas.

Las Iglesias Católica y Evangélicas contribuyeron a la protección de la población de crímenes y violaciones de los derechos humanos. Desde ellas, fueron condenadas las violaciones a los derechos humanos, sea cual fuere su autor, se hizo labor educativa y de apoyo a las víctimas del conflicto y se organizaron movilizaciones y cadenas de oración por la paz. En muchos casos, las Iglesias fortalecieron el tejido social, impidiendo el avance del PCP- SL. Sin embargo, en el Arzobispado de Ayacucho y en algunas comunidades evangélicas no se hizo eco de la defensa de los derechos humanos.

Las organizaciones de derechos humanos fueron el principal referente ético en el contexto del conflicto armado interno. En los primeros años del conflicto, centraron su crítica en el Estado. Posteriormente, en lo que constituye un aporte al movimiento internacional de los derechos humanos, condenaron abiertamente a los grupos subversivos y a sus organizaciones de fachada. Al ser la mayor parte de las víctimas campesinos pobres, con poca conciencia de sus derechos e inmersos en un débil tejido social, las organizaciones de víctimas fueron pocas e insuficientes para la labor que demandaba el contexto.

Los medios de comunicación colaboraron con su condena abierta y explícita al accionar del PCP-SL y del MRTA, así como la investigación de violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, en algunos caso, se llegó a avalar la violencia del Estado. En muchos medios se presentó la violencia de modo crudo, sin reflexión y sensibilización y con poca presencia de noticias del interior del país. Ello se complicó con la compra de medios a finales de la década de 1990.

SOBRE LAS SECUELAS DEL CONFLICTO

El conflicto armado interno provocó la destrucción masiva de infraestructura productiva, pérdida de capital social, de inversiones y de oportunidades económicas, en especial en los departamentos más pobres del país.

La violencia destruyó y desorganizó la vida social local, en especial con la muerte de dirigentes políticos. Asimismo, provocó un proceso masivo de desplazamiento, desarraigo y estigmatización, con apoyo insuficiente para el retorno a los lugares de origen.

Se intensificó el miedo y la desconfianza, con lo que la sociedad peruana ha quedado fragmentada, tiñendo de recelo y violencia la convivencia social y las relaciones interpersonales. Asimismo, han quedado abiertas una serie de secuelas psicosociales.

A pesar de las secuelas, la mayor parte de la población estuvo en contra de la violencia, intentó construir nuevas redes sociales e intentó continuar con su vida cotidiana.

SOBRE LA RECONCILIACION

La Reconciliación se entiende como un proceso de restablecimiento y refundación de los vínculos entre los peruanos, en las dimensiones política, social e interpersonal. Tiene un sentido ético, es decir, práctico. Se basa en reformas institucionales, un plan integral de reparaciones de daños para las víctimas y la aplicación de la justicia para los responsables de las violaciones a os derechos humanos. El país debe reconocerse como multiétnico, pluricultural, multilingüe y debe desarrollar nuevos vínculos que enfaticen en la tolerancia, la cultura de paz y la democracia como formas de vida.

Las reparaciones tienen un carácter multifacético. Se impulsan reparaciones simbólicas, atención a educación y salud mental, reparaciones económicas individuales y colectivas. Una parte importante de las mismas es el acceso efectivo a la justicia. Se propone además un registro de víctimas y un plan de intervenciones antropológico – forense para identificar víctimas y procesar el duelo.

El primer paso para iniciar el tránsito de una sociedad “post conflicto” a una sociedad democrática es el conocimiento en toda su magnitud de lo ocurrido entre 1980 y 2000. Para ello, debe difundirse el Informe Final y cumplirse sus conclusiones y recomendaciones.

Agregar un comentario

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Cambiar )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Cambiar )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Cambiar )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Cambiar )

Connecting to %s