Principales conclusiones del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Segunda Parte)
SOBRE LOS GOBIERNOS Y LOS PARTIDOS POLITICOS
Debe diferenciarse a los gobiernos democráticos entre 1990 y 1992 de la dictadura instaurada el 5 de abril de 1992, en lo referido a responsabilidades sobre derechos humanos.
La actuación de los gobiernos de Fernando Belaúnde, Alan García y Alberto Fujimori está condicionada en su debilidad, en fallas Estratégicas del estado, en la desconfianza que le producían sectores de sus ciudadanos. Los gobiernos abdicaron de su autoridad democrática, en especial con la creación de los “comandos político – militares” y la competencia de la justicia militar para violaciones de derechos humanos, lo que favoreció la impunidad; así como con la legislación anti subversiva aprobada luego de 1992, que vulneraba los derechos fundamentales de los procesados.
La proclividad de los gobiernos a la solución militar sin control civil está en consonancia con un considerable sector de la sociedad peruana, en especial el sector urbano medianamente instruído, beneficiario de los servicios del Estado y alejado del epicentro del conflicto. Estos ciudadanos miraron con indiferencia a los grupos más afectados y reclamaron una solución rápida, sin importar el costo social.
El gobierno de Fernando Belaúnde permitió elecciones libres y el ejercicio de la libertad de prensa, conviviendo con un Estado sobredimensionado, partidos políticos débiles, relaciones de desconfianza con las FFAA y un conflicto armado interno. En los primeros años, el conflicto fue considerado como un problema marginal, policial, al que se enfrentaba con medidas de emergencia ininterrumpidas. Posteriormente se permitió el ingreso de las FFAAA, iniciándose un proceso de militarización sin control civil, tolerando violaciones de los derechos humanos, a fin de acabar con el conflicto armado de la manera más corta, sin importar el costo. Hay responsabilidad política en este gobierno por dicha tolerancia a las violaciones de los derechos humanos. Entre 1983 y 1984 se produjo la mayor cantidad de muertes en el conflicto.
El gobierno de Alan García quiso asumir políticas sociales y de desarrollo para derrotar a la subversión y, en un inicio, no toleró violaciones de los derechos humanos. Esta última vocación política se interrumpió a raíz de la “masacre de los Penales” en junio de 1986, continuando con el caso Cayara y los asesinatos cometidos por el autodenominado “Comando Rodrigo Franco”. Por ello, el gobierno de García tiene graves responsabilidades políticas. La crisis económica que se vivió desde 1988 favoreció el crecimiento de la violencia. Se tiene como mérito la creación del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), que años más tarde capturaría a los principales líderes terroristas.
El gobierno de Alberto Fujimori rompió con el estado de derecho el 5 de Abril de 1992, con el lamentable apoyo de la mayoría de la opinión pública. La conducta criminal de este gobierno se vio expresada en las acciones del escuadrón de la muerte denominado “Colina”, cuyas responsabilidades penales alcanzan a Fujimori y a su asesor Vladimiro Montesinos. Los éxitos logrados por la Policía – ajenos a la estrategia integral de las FFAA privilegiada por Fujimori, la cual tuvo algunos éxitos y aciertos – fueron explotados para obtener réditos electorales. Ciertos hechos fueron manipulados para presentar al terrorismo como amenaza latente y así justificar el autoritarismo del régimen, con fines de reelección. Al final, el régimen autoritario legó al país una aguda corrupción, descomposición moral, desconfianza y debilitamiento del tejido social.
Los partidos de izquierda tuvieron hasta finales de los años 70 una estrategia que privilegiaba la lucha armada para tomar el poder. A fines de los 70 la mayor parte de estas organizaciones comenzaron a privilegiar las vías electorales de la democracia representativa. Sin embargo, un deslinde ideológico tardío colocó a la mayor parte de ellos en una situación ambigua frente al PCP-SL y al MRTA, rechazando, a la larga, el camino violento con el pasar de los años. Fueron los partidos de izquierda los primeros en denunciar las violaciones de los derechos humanos cometidas desde los aparatos del Estado.
SOBRE LOS PODERES DEL ESTADO
En el Poder Legislativo, la presencia de mayorías parlamentarias oficialistas en la mayor parte del conflicto armado interno impidió una adecuada fiscalización y formulación legal frente al fenómeno. Desde 1985 se formaron comisiones investigadoras sobre las violaciones cometidas por las fuerzas del orden, no repitiéndose el mismo esfuerzo frente hechos similares perpetrados por el PCP-SL. El peor hito del Poder Legislativo fue la aprobación, en 1995, de una ley de amnistía a los miembros de las FFAA y Policía Nacional que violaron los derechos humanos en el contexto del conflicto.
El sistema judicial no cumplió con condenar dentro de la Ley las acciones de los grupos subreinos, ni cauteló los derechos de los detenidos, ni impidió la impunidad de los agentes del Estado que vulneraron derechos fundamentales. Ello se debió a problemas estructurales y a actuaciones negligentes. La legislación antiterrorista fue inadecuada, tanto en los gobiernos democráticos como en la dictadura fujimorista. Es responsabilidad del Poder Judicial el hecho que cientos de inocentes sufrieran largas condenas y se vulneraran sus derechos. Las cárceles peruanas son ejemplo de vejación y su régimen no conduce a la rehabilitación. Situación similar frente a los derechos humanos ocurrió con el Ministerio Público.
José Alejandro Godoy 