PARA QUE NO SE REPITA (I)

Principales conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Primera Parte)

Como es conocido por todos, el 28 de Agosto de 2003 fue presentado el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. A dos años de su presentación y a modo de recordatorio, presentamos un listado de aquellos puntos más saltantes de las conclusiones generales del Informe Final.

SOBRE EL CONFLICTO

El conflicto armado vivido en el Perú entre 1980 y 2000 fue el episodio de violencia más intenso, extenso y prolongado de la historia republicana. Reveló brechas y desencuentros profundos y doloroso en la sociedad peruana. Provocó enormes pérdidas económicas e involucró al conjunto de la sociedad. El número total de víctimas estimado es de 69,280 personas. Esta cifra supera el número de pérdidas sufridas por el Perú en todas las guerras externas e internas que ha librado.

Perfil de las víctimas:
– El 85% de las víctimas se concentra en los departamentos más pobres del Perú: Ayacucho, Apurimac, Huánuco, Junín, Huancavelica y San Martín.
– El 79% vivía en zonas rurales y el 56% se ocupaban en labores agropecuarias.
– El 75% tenían un idioma distinto al castellano como lengua materna.
– El 68% tenía grado de instrucción inferior a la educación secundaria

La tragedia sufrida por los sectores sociales rurales, andinos y selváticos, campesinos, pobres y poco educados no fue sentida ni asumida como propia por el resto del país. El conflicto reveló el racismo velado, los prejuicios, las estigmatizaciones, el desprecio y la intolerancia que subsisten – inclusive en los entornos más comunes como la escuela y la universidad – en el Perú.

SOBRE LOS GRUPOS TERRORISTAS:

La causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión de Sendero Luminoso (PCP-SL) de iniciar una guerra contra el Estado y contra la mayoría de peruanos que deseaban vivir en paz y democracia.

El PCP – SL fue el principal perpetrador de los crímenes y violaciones de los derechos humanos. Desplegó extremada violencia y crueldad. Puso en práctica un intento de proyecto militarista y totalitario de características terroristas, sustentado en una ideología fundamentalista que negaba los derechos humanos. Buscaba provocar respuestas desproporcionadas por parte del Estado y tenía un potencial genocida.

Para su crecimiento, el PCP-SL aprovechó tanto la crisis de las instituciones del sistema educativo – incapaz de responder a las demandas de movilidad social y progreso – como los viejos conflictos comunales.

Los miembros del PCP-SL y, en especial, sus dirigentes tienen responsabilidad directa en la comisión de crímenes de lesa humanidad, como parte de una estrategia general de violencia que incluía ajusticiamientos, prohibición de entierros, atentados con coches bomba, asesinatos, desaparición forzada de personas, tortura, secuestro, aniquilamientos selectivos, sabotajes, paros armados, etc. Se inducía a los militantes del PCP-SL, en especial a los más jóvenes, a matar y morir de la manera más cruel y sanguinaria, mientras sus más altos dirigentes sen encontraban en lima, exentos de privaciones.

El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) también inició una lucha armada contra el Estado. A pesar de tener una conducta menos proclive al genocidio, es responsable de acciones criminales como asesinatos, secuestros sistemáticos y toma de rehenes. Intentaron legitimar el uso de la violencia para hacer política. Hoy se encuentra casi extinto.

SOBRE LAS FUERZAS DEL ORDEN

Las Fuerzas Policiales tenían como deber enfrentar a los grupos subversivos que vulneraban los derechos humanos. Sus dificultades para enfrentar el fenómeno se debieron a una formación poco eficaz para enfrentar a grupos que se confundían con la población civil, sin entrenamiento adecuado y sin un apoyo de inteligencia sostenido. Se mantuvo la práctica de “castigar” a agentes no idóneos enviándolos a zonas de emergencia.

Hasta 1987 hubo dificultades de coordinación entre las 3 instituciones que conformaban la Policía. La lucha contra la subversión reforzó practicas autoritarias y represivas, como la tortura y las detenciones indebidas.

Asimismo, algunos elementos de la Policía practicaron ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, torturas, violencia sexual contra la mujer.

A partir de 1985, la Policía tuvo un conocimiento más acertado de la organización y formas de acción de los grupos subversivos. Ello tuvo su corolario en las capturas de Abimael Guzmán y Víctor Polay en 1992, factor fundamental para la derrota estratégica del terrorismo.

Sin embargo, la Policía fue sometida a los planes de corrupción y distorsión institucional de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos desde el 5 de Abril de 1992.

Por decisión del gobierno de Fernando Belaúnde, en diciembre de 1982 se permitió el ingreso de las Fuerzas Armadas al combate de los grupos que desafiaban el orden constitucional y los derechos fundamentales.

Las Fuerzas Armadas, en un inicio, aplicaron una estrategia de represión indiscriminada contra la población sospechosa de pertenecer al PCP-SL.. Posteriormente dicha estrategia fue más selectiva, pero siguió posibilitando violaciones de los derechos humanos. En ciertos lugares y momentos la actuación de miembros de las FFAA involucró prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones a los derechos humanos: desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual contra la mujer, torturas.

A partir de 1989, se sistematizó una estrategia contra subversiva, distinguiendo a la población, tratando de ganársela y aislando al PCP-SL. Se masificaron los comités de autodefensa. Desafortunadamente, en esta etapa aparecieron escuadrones de la muerte, como el grupo “Colina”.

Se aprovechó la nueva estrategia subversiva para dar un golpe de Estado el 5 de abril de 1992, usándose la pacificación como pretexto para la interrupción del orden constitucional. La cúpula militar unió su suerte a la dictadura en la persecución de disidentes, violaciones a los derechos humanos, espionaje político y corrupción generalizada.

Sectores del campesinado más pobre se levantaron contra el proyecto anti democrático del PCP-SL, organizando – ya sea por iniciativa propia o de las FFAA – Comités de Autodefensa, que constituyeron un factor importante en el desenlace del conflicto. En ocasiones, han resultado responsables de violaciones a los derechos humanos.

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