¿VACANCIA?

Aunque aún habrá que esperar a lo que mencione el Informe Final en detalle, la filtración a la prensa del “borrador de Informe” de la Comisión Investigadora Parlamentaria de las Firmas Falsas en la Inscripción de los Partidos Políticos ha desatado la polémica, en especial en lo que se refiere a la posibilidad de vacar al Presidente Alejandro Toledo por supuesta “incapacidad moral”, por ser el presunto autor intelectual de una “fábrica de firmas” para la inscripción de su partido Perú Posible, hecho que se habría cometido entre 1996 y 1999.

La vacancia presidencial es un mecanismo previsto por la Constitución en el que se establecen las causales por las cuales el Presidente de la República debe dejar el cargo. Su naturaleza es excepcional y, por ello, la interpretación de los supuestos debe ser lo más restrictiva posible.

Uno de los supuestos más difíciles de interpretar, por la subjetividad que reviste, es la incapacidad moral del Presidente. Pensado originalmente en su concepción como sinónimo de incapacidad mental (locura o retraso mental), el concepto poco a poco fue derivando en la comisión de una inconducta tal que fuera incompatible con la dignidad del cargo.

La subjetividad subyacente en la interpretación de las conductas que puedan incurrir como “incapacidad moral” hace necesario que se prevea una votación calificada para poder declarar la vacancia por esta causal. En el Perú, esta votación calificada es de 81 votos (más de dos tercios del número legal de congresistas).

En el caso bajo comentario, creemos que la Comisión Investigadora no ha logrado demostrar la conexión directa entre la falsificación de firmas y el Presidente Toledo y que la vacancia presidencial no debe declararse por este caso.

En primer lugar, muchas de las conclusiones de la Comisión se basan en lo manifestado por las testigos de la supuesta “fàbrica de firmas”, los cuales, a lo largo del tiempo, han venido cambiando sus opiniones y versiones, cayendo en varias contradicciones.

En segundo lugar, el propio texto del “Pre Informe” establece que no puede procesarse al Presidente por la supuesta falsificación de documento público y asociaciòn ilìcita para delinquir. En efecto, la Constituciòn señala que, durante su mandato, el Presidente solo puede ser procesado por delitos de funciòn expresamente señalados. Los supuestos delitos cometidos por Toledo fueron cometidos antes de ser elegido como Presidente, cuestiòn que reafirma la Comisiòn, añadièndo ademàs que solo el Poder Judicial podrà determinar su responsabilidad real en estos hechos (añadimos nosotros: a partir del 28 de Julio de 2006, cuando Alejandro Toledo haya dejado el cargo).

En tercer lugar, el único delito en el que pudo haber incurrido el Presidente en relación con este caso, que sería su participación en el plan de salida del país de Carmen Burga (una de las testigos). Esta participación no es demostrada a lo largo del documento filtrado a la prensa.

El supuesto en que se basa la Comisión para invocar la vacancia es una supuesta infracción de la Constitución, por las trabas que habrìa prestado a la investigaciòn, siendo la más importante, en opiniòn de este grupo de trabajo, la negativa presidencial en firmar el acta de la sesiòn donde Toledo prestó su declaración sobre este tema. Sin embargo, la Constituciòn prevee que una infracciòn a la Constitución es procesada mediante un juicio político, el cual puede conducir, entre otras consecuencias, a la inhabilitación en el ejercicio de la función pública, mas no a la vacancia presidencial.

En el fondo, este caso demuestra lo poco conveniente que resulta tener una causal tan subjetiva como la “incapacidad moral” para vacar al Presidente de la República. Si bien su uso se limita con la votación calificada, sería más adecuado tener una causal más concreta en sus alcances, como la comisión de un delito grave durante el mandato presidencial.

Asimismo, la poca acogida que ha tenido esta propuesta entre nuestros congresistas y lìderes polìticos (con excepción del fujimorismo) revela que el sistema político peruano no está dispuesto a un relevo presidencial a 11 meses de las elecciones generales. Los costos que ocasionaría una vacancia presidencial son considerados por nuestros congresitas, quizás viéndose en el espejo ecuatoriano, aunque más probable es que vean en Toledo el espejo de lo que podría ocurrirles más adelante.

De cualquier forma, esperamos que el Informe de la Comisión nos muestre los elementos recogidos y pueda dilucidarse de una vez por todas el tema de la falsificaciòn de firmas en el àmbito judicial. La cuestión de la vacancia ha hecho que se pierda de vista que el objetivo era aclarar este tema en todos los partidos. Por lo menos en dos, Perú Posible y Renovación, habrían indicios razonables de que esta situación irregular ocurrió. Una investigación judicial, más profunda y menos circense en sus formas, podrá aclarar este tema que enturbia la política y que nos distrae de otros temas que bien podráin merecer mayor comentario.

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