MESA QUE RENUNCIA, MESA QUE MAS LO APLAUDEN

Sobre la estrategia del Presidente de Bolivia para superar (temporalmente) una crisis que parecia terminal

En octubre de 2003, Bolivia fue sacudida por una crisis institucional importante. El presidente Gonzalo Sanchez de Lozada dejaba el mando luego de un mes de manifestaciones populares en su contra. La represión del gobierno y la radicalidad de la oposiciòn encabezada por Felipe Quispe y Evo Morales dejaron como saldo cerca de un centenar de muertos.

Caido Sanchez de Lozada, asumió la Presidencia Carlos Mesa, vicepresidente de Bolivia e integrante de un partido político pequeño. No contaba, por tanto, con mayorìa parlamentaria suficiente. Además, durante sus 17 meses de gestión ha enfrentado protestas de diverso tipo y signo.

Para mantenerse en el poder e impulsar una serie de reformas, Mesa ha tenido una habilidad política bastante sorprendente para la mayor parte de analistas.

Se inició un proceso de reforma de la Constituciòn boliviana, incorporándose el mecanismo del referendum al sistema politico, urgido de mecanismos de democracia directa. Asimismo, Mesa ha convocado a una Asamblea Constituyente que se instalará en los próximos meses para dar un cambio al ya obsoleto sistema politico, basado en alianzas parlamentarias, al definirse la segunda vuelta electoral presidencial en el Congreso.

Por otro lado, fue aprobada la ley de hidrocarburos que permite la salida del gas natural ubicado en la regiòn de Tarija para la exportaciòn, para lo cual se utilizarà un gaseoducto que desembocarà en un puerto peruano.

Asimismo, Mesa volvió a alentar la solución del añejo problema de la salida al mar. Si bien el gobierno chileno aun no ha dado una respuesta, la sola puesta en discusión de un tema que aglutina nacionalmente a los bolivianos (sin salida al mar desde la Guerra del Pacífico) puso al presidente en buena posición.

Así, con estas y otras medidas que procuraban la solución de conflictos sociales, Mesa acumuló un importante capital ciudadano, al tener 60% de aprobación en las encuestas de opinión pública, en especial, en sectores medios cansados del radicalismo de las propuestas de Evo Morales y Felipe Quispe.

Sin embargo, la protesta social parecía irse de las manos al Presidente boliviano en los últimos dos meses. Por un lado, un importante sector de empresarios de Santa Cruz, la región más importante en términos económicos, planteaban que se les de un tratamiento como región autónoma (algo que a muchos les suena a pretensiones de independencia). Por otro lado, recrudeció un problema por el agua potable. La empresa encargada del agua, de capitales franceses, era acusada de malos manejos, por o que diveros sectores reclamaban la nacionalizaciòn del servicio de agua. Finalmente, el proyecto que propone Evo Morales para la ley de hidrocarburos contempla mayores impuestos para las corporaciones petroleras y gasíferas, lo que le quitaría competitividad a la economía boliviana.

En este panorama, Carlos Mesa optó por hacer una jugada audaz: presentó su renuncia ante el Congreso para que se organizara un pacto político de condiciones mínimas para la gobernabilidad de Bolivia. El Presidente era consciente que toda salida militar estaba bloqueada y que el presidente del Senado, quien lo debía reeemplazar, no duraría mucho tiempo en el sillón presidencial del Palacio Quemado.

Así, tras varias horas de negociación, el Congreso boliviano rechazó la renuncia de Mesa. Los únicos movimientos políticos al margen del acuerdo eran el Movimiento al Socialismo de Evo Morales y el movimiento indigenista Pachacuik de Felipe Quispe. El acuerdo incluye un compromiso de aprobación de la ley de hidrocarburos, la convocatoria a un referéndum autonómico (con miras a solucionar el conflicto de Santa Cruz), la elección de prefectos (gobernadores) y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Una lluvia de aplausos, tanto en la calle como en el Congreso (así como en el exterior), coronó el acuerdo alcanzado.

Mesa queda así más fortalecido frente a la oposición radical y, además, tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas y de la mayor parte de gobiernos latinoamericanos. Sin embargo, las protestas no se detienen y el pacto alcanzado podría resultar siendo precario.

Las próximas semanas serán decisivas para definir el futuro de la democracia boliviana, tan fragil por la debilidad del sistema existente, por la radicalidad de su oposición y por un sistema económico que no cumple con disminuir la pobreza en el país más pobre de América Latina.

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