¿Más denuncias = vacancia presidencial?

Firmas Falsas Toledo
Aunque ya venía siendo costumbre en el escenario político nacional que la atención se concentrara más en los escándalos y denuncias de corrupción antes que en los temas de fondo, desde hace dos semanas esta malsana costumbre nacional se ha instalado con mayor insistencia.
El interés se ha centrado en el caso de la supuesta falsificación de firmas hecha por Perú Posible para posibilitar su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas. Sobre este caso hay que hacer las siguientes precisiones:
  • Queda claro que un porcentaje de las firmas que la ONPE declaró como válidas son falsas. Deberá determinarse, en todo caso, cuál es el porcentaje exacto de firmas falsas.
  • Pese a los testimonios, no ha podido determinarse con exactitud si dicha falsificación fue perpetrada, de manera individual, por las personas que se han presentado como testigos, o si nos encontramos – al igual que en el caso de Perú 2000 – ante una “fábrica de firmas”.
  • Resulta curioso que esta denuncia recién aparezca en el año 2004 y que, si se argumenta que tanto la ONPE como el Jurado Nacional de Elecciones controlados por el fujimorismo conocían que el partido de Alejandro Toledo había falsificado firmas “en masa”, no se utilizara esta poderosa arma para acabar con la reputación de Toledo en el año 2000.
  • No es casual que Rafael Rey sea el principal impulsor de la denuncia. No solo porque es un aliado casi desembozado del fujimorismo (y alienta la vacancia presidencial cada 15 días), sino porque su movimiento político, Renovación, tiene una denuncia pendiente de aclarar: falsificación de firmas para sus inscripción.

Más preocupante que la presunta falsificación, resulta ser el encubrimiento – torpe, por cierto – que se dio a la testigo Carmen Burga. El uso del aparato estatal – en especial, Migraciones, una dependencia estatal que desde hace décadas está marcada por la corrupción – y la complicidad de diversos funcionarios del Estado pertenecientes a Perú Posible, no solo configuran un delito en sí mismo, sino que causan la comprensible suspicacia (o convencimiento en muchos) de la existencia de una fábrica de firmas. A ello se sumó la campaña contra la Procuraduría Ad – Hoc, que motivó la salida de los procuradores Vargas Valdivia, Meini y Gamarra.

A este panorama, se sumó el refrito periodísitico que “denuncia” la supuesta falsedad del secuestro de Alejandro Toledo en 1998, con fotos del encuentro circulando, al mejor postor, por diversos medios de comunicación, Esta cuestión, por cierto, pertenece a la vida privada del Presidente e se intenta utilizar como argumento para una posible vacancia por incapacidad moral.

Hay que decir las cosas claras y sin medias palabras sobre este gobierno: No estamos, en comparación con el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, con el de Alan Garcìa y con el fujimorato, ante el peor gobierno de la historia republicana. Por lo contrario, en muchos aspectos, el gobierno de Toledo los supera.

Sin embargo, este gobierno tenía una misión central: la transición democrática, el inicio de la consolidación de las instituciones y la ruptura con prácticas corruptas o poco éticas (como el nepotismo, el favoritismo por los partidarios, etc.). Allí el gobierno de Toledo está jalado y con 05 de nota. Creemos que allí deben centrarse las mayores críticas a este gobierno y no en promesas de campaña cuyo cumplimiento era prácticamente imposible desde su formulación.
Dicho esto, señalamos que el gobierno de Alejandro Toledo debe cumplir con su mandato hasta el 28 de Julio de 2006. Sobre la posibilidad de la vacancia presidencial debemos señalar lo siguiente :
  • Desde el punto de vista legal y constitucional, las causales de vacancia presidencial deben interpretarse de la manera más restrictiva. El término “vacancia por incapacidad moral” es bastante difuso, por lo que se debe dar la interpretación más restringida posible y no forzar la figura para vacar a Alejandro Toledo. Más aún, esta casual debería ser eliminada y reemplazada por el término propuesto en el Proyecto de Reforma Constitucional: “conducta incompatible con la dignidad del cargo”. Así, solo deberá emplearse si existen causas que involucren directamente en una conducta como la antes mencionada.
  • Cualquier vacancia, como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, requiere de una votación calificada para su aprobación. Esta votación es de 80 votos. Será muy poco probable que se alcance este número de votos.
  • Fundamentalmente, la vacancia presidencial es una salida que genera inestabilidad y contribuye poco a la gobernabilidad. Si se destituye a Toledo sin argumentos de fondo que lo justifiquen, entonces el próximo gobernante tendrá la misma amenaza en ciernes.
  • Asimismo, un cambio de Presidente no elimina las presiones sociales ni los problemas del país (pobreza, desempleo, una sociedad poco reconciliada consigo misma, violencia). A la luz de todos, la vacancia quedaría como un simple ejercicio de “canibalismo político” y de cálculo electoral. Se adelantarían elecciones, pero sin tener ni programas claros ni alianzas de gobierno establecidas sobre agendas comunes de gobierno.
Finalmente, consideramos que la principal beneficiada con una vacancia presidencial es la mafia fujimontesinista, que busca arrinconar a la democracia, intentando aparecer a todos los políticos como corruptos y, con ello, buscar una amnistía política, que se levante la inhabilitación a Alberto Fujimori y, sobre todo, debilitar (y si pueden, derrumbar) el sistema anticorrupción, justo en el año en que se producirán los juicios más importantes (narcotráfico, violaciones a los derechos humanos) en los que se juega el futuro personal y colectivo de los criminales que nos gobernaron en la década de 1990.En resumen, estamos a favor de toda investigación seria y documentada que contribuya a esclarecer, de una vez por todas, los escándalos de corrupción en los que se ve sumido este gobierno. Sin embargo, una simple sospecha no nos puede hacer pensar en la vacancia presidencial como salida a la crisis. Esta no tiene, como se nos pretende hacer creer, como principal eje a Alejandro Toledo. Proviene de una transición democrática trunca, en la cual el gobierno tiene fundamental responsabilidad en su fracaso, pero no la única. En el descrédito de las instituciones todos somos responsables.

Y debemos, por tanto, asumir dicha responsabilidad y comenzar a concertar nuestro futuro como Nación, independientemente del gobierno elegido en las elecciones del próximo año. Que lo ocurrido en este periodo nos sirva de lección, para elegir bien y, sobre todo, para asumir nuestro compromiso como ciudadanos, que no solo pasa por el hecho de votar.

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