Sobre la indiferencia

CVR

O por que luego de un año y medio el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación no ha logrado conmover más al país.
El 28 de agosto de 2003, luego de 23 meses de trabajo, la Comisión de la Verdad y Reconciliación entregó el fruto final de su trabajo: un Informe Final compuesto por 9 tomos. En dicho Informe se detallaba el drama que vivió el país durante 20 años, entre 1980 y 2000: Sendero Luminoso inició una guerra contra el Estado peruano, guerra que nos costó 69 280 vidas humanas. La mayor parte de las víctimas se ubican en el sector menospreciado por el resto de la sociedad: se trataba de campesinos, quechua hablantes, pobres y habitantes de la sierra y de la selva peruana, en otras palabras, peruanos considerados y tratados como “ciudadanos de segunda categoría”. El Estado peruano, con todo el derecho a defenderse, envío a sus fuerzas de seguridad para solucionar el tema, pero sin que los gobiernos ejercieran control alguno sobre las acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía ni sobre las ideas que motivaban dichas acciones. En realidad, los gobiernos (y en general los Poderes del Estado) abdicaron de su autoridad democrática y toleraron violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, que en algunos lugares y momentos fueron sistemáticas.
Entre otros dramas, el Informe Final de la CVR reveló al país una de sus peores caras: la indiferencia ante lo ocurrido. En su conclusión general 77, se señala que:

La CVR ha constatado, con pesar, que los gobiernos civiles no estuvieron solos en esta concesión al uso indiscriminado de la fuerza como medio de combate contra la subversión. Por el contrario, la proclividad de dichos gobiernos a la solución militar sin control civil estuvo en consonancia con un considerable sector de la sociedad peruana, principalmente el sector urbano medianamente instruido, beneficiario de los servicios del Estado y habitante de zonas alejadas del epicentro del conflicto. Este sector miró mayoritariamente con indiferencia o reclamó una solución rápida, dispuesta a afrontar el costo social que era pagado por los ciudadanos de las zonas rurales y más empobrecidas”.

Dicha indiferencia, sin embargo, no ha podido ser superada por la entrega del Informe Final ni de su posterior (aunque limitada) difusión. En nuestra opinión, existen diversos factores que influyen en ello.

EL CONTEXTO DE LA CREACION DE LA CVR

La Comisión de la Verdad y Reconciliación fue creada en un contexto bastante particular, durante el gobierno de transición presidido por Valentín Paniagua. Se aprovechó un contexto particular de debilidad de los principales poderes fàcticos del paìs (empresariado, medios de comunicación y, en especial, las Fuerzas Armadas), debido a la revelación de sus vínculos con la corrupción del régimen fujimorista. Fue en el primer semestre del 2001 que los famosos “vladivideos” salieron a la luz. Esta debilidad de los poderes fácticos y de los actores políticos y mediáticos vinculados al fujimorismo hizo posible que la propuesta de Comisión de la Verdad fuera aceptada casi sin objeciones.
Sin embargo, la propuesta de Comisión de la Verdad no fue parte de la plataforma de la oposición democrática hasta las elecciones de 2001. Allí, más por compromiso que por otra cosa, los candidatos Alejandro Toledo, Alan García, Lourdes Flores y Fernando Olivera firmaron un acta de compromiso de creación de la Comisión de la Verdad. Sin embargo, el hecho de que García fuera uno de los gobernantes que podrían ser investigados, que los sectores más conservadores estuvieran aliados con Flores y Olivera pudiera usar la Comisión para golpear al Apra causaba serias dudas en la comunidad de derechos humanos peruana.
Fue desde este espacio y aprovechando que dos de sus miembros eran Ministros del gobierno de transición – Diego García Sayan y Susana Villarán – la comunidad de derechos humanos impulsó la creación de una comisión multisectorial que se encargara de efectuar un proyecto para crear la CV.
Sin embargo, la CV no fue el resultado de una movilización de la sociedad civil en nombre de las víctimas, a diferencia de lo ocurrido en otros países de Sudamérica. Ello se debe fundamentalmente a la composición social del grupo más afectado por la violencia. En Chile, Argentina y Paraguay, las víctimas de la violencia provenían de sectores medios, con acceso a educación y considerados como ciudadanos. En el Perú, como ya lo anotamos, la mayor pate de las víctimas se encuentran en las capas más bajas de la sociedad, a las que no se percibe como iguales por el resto de la población. Ello hizo que las organizaciones de familiares de víctimas de la violencia fueran pocas y su labor en los años previos a la creación de la CVR fuese poco difundida, a pesar que, tal como comprobó luego la CVR, el nùmero de víctimas en Chile fue la mitad de las producidas en el Perú, tomando en cuenta un periodo muy similar de tiempo (17 años duró la dictadura de Augusto Pinochet).
Esta indiferencia ante lo ocurrido se conecta, además, con un sentido comùn en un sector de la poblaciòn: “se ganó militarmente la guerra, no importa a que costo”. Por ello muchos apoyaron la ruptura del orden constitucional del golpe del 5 de abril de 1992, o la Ley de Amnistía de 1995, o la segunda ilegal reelección de Fujimori en el 2000.
Sendero Luminoso abonó en ese sentido común. Sus prácticas violatorias de los derechos humanos y la crueldad de sus actos hicieron que la población, con toda razón, no los apoyara. Pero, además, hizo que muchos prefirieran que los simples sospechosos por terrorismo fueran asesinados y que sus derechos humanos no fueran respetados (y que se consintieran dichas violaciones), independientemente de las atrocidades cometidas.
A pesar de ello, la CV fue creada en junio de 2001 y en septiembre de ese mismo año, Alejandro Toledo amplió su composición y su mandato, agregándole el nombre “Reconciliación” a su denominación.
Quizás esta indiferencia fue la que permitió a la CVR, durante la mayor parte de su mandato, realizar tranquilamente su trabajo. Sin embargo, y esto lo reconocen hoy los miembros de la CVR, faltó una mayor sensibilización de la opinión pública a través de una mejor estrategia de comunicación. Se confió en que las audiencias públicas (difundidas en el canal del Estado y en Canal N) harían ese trabajo y que las redes armadas colaborarían en dicha labor. Pero la mayor parte de medios de comunicación, en especial los canales de televisión, no difundieron la labor de la CVR. Mayor preocupación existía en difundir (y en algunos casos, aumentar) las debilidades de un gobierno que desde sus inicios se revelaba como fragil antes que en intentar documentar la historia de los últimos 20 años del siglo XX.

ANTES DEL INFORME: LA CAMPAÑA EN CONTRA

Cuando era inminente la publicación del Informe Final de la CVR, se desató una campaña de desinformación y de rechazo al trabajo de la Comisión, antes de que sus frutos fueran vistos.
Existían, en resumen, los siguientes grupos en contra del Informe Final:
a. Militares en situación de retiro: Un grupo de militares que actuaron en posiciones importantes durante el conflicto armado interno se opuso a la CVR, considerando que su creación era una afrenta a las Fuerzas Armadas. Básicamente, este grupo buscaba cuidar las espaldas de los oficiales que serían acusados por la Comisión de cometer violaciones a los derechos humanos. Asimismo, se sostenía que la CVR defendería a Sendero Luminoso, cuestión que resultó siendo falsa, pues el Informe Final condena el accionar de esta organización.
b. El Fujimorismo: Desde este sector se buscaba desacreditar a la CVR presentándola como un supuesto instrumento más de la clase política, dentro de la supuesta “persecución polìtica” que los simpatizantes del prófugo ex presidente intenta presentar como argumento para evitar una extradición. Por cierto, de los tres gobernantes estudiados por la CVR, Fujimori es quien sale peor parado, pero no por una animadversión de la Comisión (que le reconoce algunos logros), sino por alterar el orden democrático y convertir al aparato del Estado en un instrumento criminal.
c. Familiares de víctimas: Hagamos la precisión. Se trata aquí de algunos familiares de víctimas pertenecientes a los partidos políticos o a las Fuerzas Armadas, quienes consideran que la reconciliación con Sendero Luminoso es imposible. Aquí se encontarían personajes como el empresario Ricardo Vega Llona y el columnista de Perú.21 Ricardo Ramos Tremolada. La CVR no planteó nunca una reconciliación que implicara perdón o amnistía a Sendero. La Reconciliación planteada es la “refundación de los vínculos sociales entre peruanos”, es decir, reparar, hacer justicia y comenzar a cerrar las brechas sociales.
d. Sectores de partidos o grupos pólíticos: Aquí los móviles fueron los intereses diversos en juego. La campaña en este caso estuvo liderada por los congresistas Rafael Rey y José Barba Caballero, conocidos por ser conservadores en su pensamiento político y por ser proclives a desestimar cualquier iniciativa que incomode a los sectores militares. Rey, además, votó a favor de la Ley de Amnistía de 1995 y fue un defensor del fujimorismo en muchos aspectos. Preocupados estaban algunos sectores de Acción Popular y del Apra, en vista que la Comisión podría criticar duramente (como que lo hizo) la actuación de Fernando Belaúnde y Alan García.

LUEGO DEL INFORME: DE VUELTA A LA INDIFERENCIA

La entrega del Informe Final de la CVR motivó un pequeño pero poco profundo debate. Casi imediatamente después de presentado el Informe y cuando este recién habia sido publicado en su página web, diversos políticos dijeron frases como las siguientes: “se revindica a Sendero Luminoso”, “se pide amnistía para los terroristas”, “al mencionar el Derecho Internacional Humanitario se les confiere categoría de beligerantes a los terroristas y por tanto, podrían reclamar estatus de prisioneros políticos”, entre otras. El Informe Final nunca sostuvo ninguna de las frases señaladas anteriormente.
Y el debate concluyó en ello, en un mero asunto adjetivo. Y de nuevo se volvió a la indiferencia. ¿Por qué?
Pienso que dicha indiferencia posterior se debe en buena parte, al factor de la composición del sector más afectado por la violencia. Como lo hemos dicho a lo largo de este artículo, estamos hablando de un sector social considerado por muchos como de “segunda categoría”, sin acceso a los principales canales de comunicación con el Estado y, menos aún, a los medios de comunicación más importantes. Si bien las organizaciones defensoras de los derechos humanos están concentradas en hacer una labor de seguimiento del cumplimiento de las conclusiones y recomendaciones del Informe y han surgido en el último año y medio organizaciones de familiares de víctimas, dicha labor no ha sido suficiente para sensibilizar a la población.
La periodista Rosa María Palacios anotaba en un artículo, a raíz del primer año de la entrega del Informe, que el público que sigue los programas políticos no está interesado en ello. Palacios, en su programa, ha comentado que el rating de dichos programas disminuye cada vez que se tratan temas relacionados con derechos humanos. Hay, en el fondo, creemos nosotros, una negación de lo vivido, una posición en contra de recuerdo alguno de aquellos aciagos años y no hay, por cierto, un reconocimiento de las responsabilidades que nos tocan a todos por aquello que ocurrió.
Los medios de comunicación, en su mayor parte, no se han ocupado del tema. Salvo El Comercio, La República, Canal N y Perú.21, el resto de medios importantes no se ocupa del tema de las reparaciones o del seguimiento a las recomendaciones planteadas.
En el caso de los partidos políticos, estamos ante una indiferencia consciente y, por ello, más complice con el mantenimiento de los factores que causaron la violencia en el Perú. Es una indiferencia consciente porque la clase política de aquellos años es responsabilizada por acción u omisión. Quienes gobernaron durante los 80 (Acción Popular y el Apra) tienen graves responsabilidades por abdicar de su autoridad democràtica. En el caso de los partidos de izquierda, no hicieron un deslinde claro con las posiciones que planteaban la lucha armada como camino al poder. Y en el caso del fujimorismo, sus responsabilidades no solo son políticas, sino tambièn penales. En este clima, como es obvio, son voces solitarias las que se acuerdan de estos temas. Más aún si existe la tendencia a privilegiar el corto plazo y el escándalo de la semana como agenda política del pais.
Finalmente, en el caso del gobierno, queda clara su poca vocación de reforma institucional, que fue el objetivo final de su elección. Alejandro Toledo no nos decepciona por su incumplimiento de promesas electorales imposibles de realizar como las que decía en cada mitín de campaña, sino por su poca vocación de institucionalizar la democracia por la que tanto luchó en el año 2000. Y los pocos intentos que se hacen quedan truncos. En el caso de las recomendaciones de la CVR, existe una Comisión de Seguimiento dependiente de la PCM, que ha tenido algunos avances en la materia, pero que anda con demasiada cautela en el tema de las reparaciones económicas.

REFLEXION FINAL

El Perú ha sido sacudido, en los últimos dos años, por acontecimientos violentos: el linchamiento de un alcalde en Ilave (Puno), los bloqueos de carreteras, el saqueo e incendio de ocho discotecas de la ciudad de Juliaca, los ajusticiamientos a ladrones por parte de los vecinos, la toma de locales y, por supuesto, la reciente asonada en Andahuaylas.
Todos estos hechos nos informan de un déficit en la resolución pácifica de los conflictos y de un un creciente nivel de violencia en los reclamos sociales y polìticos, tanto en el discurso como en los hechos.
El Informe Final de la CVR nos presentaba la mayor tragedia nacional, producto de dicha violencia. ¿Estamos esperando que vuelva a ocurrir para tomar acciones que impidan que vuelvan otros 20 años de desamparo?
La tarea está planteada, para este y para los gobiernos que vengan. Y, en general, para todos los peruanos. Leer el Informe o su Versiòn Abreviada (denominada “Hatun Willakuy” o “gran relato”) es un buen comienzo.
 “La historia que aquí se cuenta habla de nosotros, de lo que fuimos y de lo que debemos dejar de ser. Esta historia habla de nuestras tareas. Esta historia comienza hoy“ (Salomón Lerner Febres, Presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú)
Nota: Debo aclarar, ante posibles confusiones, que dentro de los periodistas que apoyan el trabajo de la CVR se encuentra Rosa María Palacios. En la columna que he citado en este artículo, cuyo enlace recomiendo visitar, se hace alusión a una realidad palpable, pero no a la conducta que esta periodista ha tenido sobre el tema. Hago esta aclaración para que se deje constancia de un buen trabajo periodístico, comprometido, a pesar de los vaivenes de la sintonía, con la defensa de los derechos fundamentales de la persona.

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